Los alquileres de boato y los 'crowfunding' estarán sujetos a medidas contra el enyesamiento

El Autoridad ha alargar los colectivos afectados por la ley de prevención de blanqueamiento de capitales y de préstamo del intimidación, y ha postizo los que intermedien en alquileres mensuales superiores a 10.000 euros y las plataformas de financiación participativa (crowdfunding).El Comité de Ministros ha dado actualmente luz verde al anteproyecto de ley que modifica la norma para admitir las novedades derivadas de la V Directiva de enyesamiento que se publicará a lo largo del primer semestre de este año.

La norma incluso refuerza los controles garantía para inquilinos personas con responsabilidad pública (Politically Exposed Persons o Peps), que en la boga incluyen las de comunidades autónomas y entidades locales.Hasta hoy en día el control se determinaba incidente por cuestión, pero con la primicia norma se equiparará los nacionales con los extranjeros, que están sometidos a exclusivo acecho de manera general.Se modifica el contenido del archivador de titularidades financieras, creado para prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, para que incluya además las cajas de seguridad y las cuentas de pago.Asimismo, se cambia el régimen sancionador por olvido de la normativa de prevención, de forma que las multas máximas pasan del 5 % del caudal neto de la entidad al 10 % del volumen de negocio fijo del grupo.

Se crea igualmente un registro de prestadores de servicios a sociedades que contendrá a aquellos sujetos cuya actividad sea la creación de sociedades para terceros o cesiones de domicilio, de por medio otras, y se refuerzan los sistemas de cooperación a través de supervisores europeos dedicados a esta materia.La primicia norma insta a desarrollar mecanismos para facilitar las denuncias sobre incumplimientos de la normativa de prevención de blanqueo.Se establece que las entidades sujetas a la norma (bancos, aseguradoras, despachos de abogados, dentro otros) deberán crear mecanismos de denuncia interna, mientras el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Emblanquecimiento de Capitales (Sepblac) contará con un ordenanza para aceptar y canalizar denuncias.El texto cargo obtener ya los dictámenes correspondientes y volverá de nuevo al Aviso de Ministros para ser capacitado como proyecto de ley e abrir la procedimiento parlamentaria.